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COLOMBIA: UN PASO MÁS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE DISCAPACITADOS

7 enero 2016

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1992, con el propósito de sensibilizar a todas las naciones acerca de la realidad que viven las personas con discapacidad, promover el desarrollo de políticas públicas que apoyen decididamente la integración de ellas en todos los ámbitos, así como luchar contra las barreras físicas, emocionales, sociales y económicas que a diario enfrentan, para mejorar su bienestar y calidad de vida, partiendo de los principios fundamentales de equidad, igualdad y respeto que merece todo ser humano.

Dicha conmemoración adquiere mayor significado al considerar que el número de personas que viven con discapacidad, de nacimiento o adquirida (ya sea a consecuencia de una enfermedad o un accidente, por ejemplo), en todo el mundo aumenta de año en año. De hecho, en la actualidad, más de mil millones de personas, es decir 15% de la población mundial, tiene alguna forma de discapacidad.

Durante las últimas décadas en muchos países del mundo ha tenido lugar una notable evolución los conceptos y las actitudes acerca de la discapacidad y de las personas que viven con ella. Ello obedece en gran medida a los continuos esfuerzos individuales y de las comunidades de personas con discapacidad no solo para romper las barreras existentes, haciendo más visible su participación y aporte en diversos campos valiosos para la sociedad, sino para lograr cambios positivos en las políticas gubernamentales y legislativas dirigidos a fomentar la inclusión, eliminar la discriminación y proteger sus derechos.

En Colombia, la Constitución de 1991 incluyó la protección de los derechos fundamentales de los niños y adultos con discapacidad como una de las funciones primordiales asignadas al Estado y desde entonces se han promulgado diversas leyes encaminadas a garantizar y promover tanto su integración social como su acceso a la educación y al trabajo, en condiciones de igualdad de oportunidades. Uno de los avances más significativos ocurridos en el país, en este sentido, es la entrada en vigencia de la ley 1618 de 2013.

Así, respecto al trabajo, esta ley y otras normas vigentes eliminan la discapacidad como obstáculo para la vinculación laboral y garantizan la estabilidad laboral de las personas discapacitadas (ya que en caso de discapacidad adquirida el trabajador no puede ser desvinculado de su trabajo por esta causa y el empleador está obligado a reubicarlo en un puesto acorde con sus condiciones), permiten que las personas pensionadas por discapacidad puedan trabajar sin perder su pensión, brindan garantías e incentivos a los empleadores particulares que vinculen laboralmente a personas con discapacidad (entre ellas, beneficios tributarios, subsidios y prestamos del gobierno en condiciones favorables) y garantizan la capacitación y la formación para el empleo tanto de las personas con discapacidad como de sus familias, entre otros aspectos.

Hoy, miles de colombianos de todas las edades, viven con algún tipo de discapacidad sin que ello se convierta en un obstáculo para su realización personal, así como para su participación activa y efectiva como miembros de la sociedad.

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